Iván Molina Jiménez
es uno de los brillantes escritores de ciencia ficción de
Hispanoamérica (Latinoamérica, Sudamérica, etc. como gusten) tiene
publicadas dos antologías muy recomendables:
La miel de los mudos y otros
cuentos Ticos de Ciencia Ficción y
El alivio de las nubes y más
cuentos Ticos de Ciencia Ficción.
En este relato inédito Molina Jiménez
incursiona originalmente en un tema de palpitante actualidad para
nuestros países y nos da un brillante ejemplo de como puede ser
empleada la CF para plantear temas y dar miradas a futuros probables.
–Siéntese, por favor.
–Gracias. Como le expliqué en mi mensaje, soy periodista del Mexico
Times, y preparo un reportaje sobre la privatización de los activos
culturales del Estado costarricense. Aunque el caso de Costa Rica está
abundantemente documentado, me gustaría volver sobre algunos temas ya
conocidos y profundizar en otros. Puesto que usted fue la diputada que
lideró la oposición al proyecto, considero fundamental incorporar su
punto de vista.
–Con mucho gusto.
–¿Tengo entendido que la propuesta original de privatización se presentó
a la Asamblea Legislativa en abril del 2046?
–Sí, aunque bajo la forma de una apertura regulada. Ese asunto fue el
eje de la campaña electoral del 2042. El candidato de la Unidad
Rojiverde Libertaria (URL) insistió en que, para reducir el gasto
público y aumentar los ingresos del fisco, era indispensable que el
Estado diera en concesión a la empresa privada la organización de
algunas conmemoraciones oficiales, como el 11 de abril (día del héroe
nacional Juan Santamaría), el 25 de julio (anexión del Partido de Nicoya)
y 15 de septiembre (independencia nacional).
–¿Fue durante esa campaña que el periódico Transnation y las
cadenas Septica y Opretel empezaron a impugnar el control del Estado
sobre las conmemoraciones y a denunciar que era un monopolio?
–El cuestionamiento empezó desde mucho antes. Durante las movilizaciones
populares de inicios del siglo XXI contra el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, la figura de Juan Santamaría fue utilizada
sistemáticamente por quienes se oponían a ese convenio. A raíz de eso,
empresarios vinculados a la publicidad comenzaron a plantear que las
conmemoraciones oficiales podrían ser administradas mejor por el sector
privado. La primera vez que escuché eso fue en el 2015, después de que
True & Exact Facts publicó los resultados de una encuesta sobre el tema.
–Por esa época el Congreso de Estados Unidos discutía el proyecto para
convertir a George Washington y a otros padres fundadores en marcas
comerciales…
–¿Cómo olvidarlo? Yo estaba en Filadelfia cuando se votó la propuesta.
Ciertamente, lo ocurrido en Costa Rica era parte de una tendencia
mundial a mercantilizar el patrimonio cultural de los países; sin
embargo, creo que la utilización de Santamaría contra el Tratado provocó
que los empresarios y políticos costarricenses tuvieran, aparte de
razones financieras, un motivo ideológico para impulsar esa
privatización.
–Disculpe, pero me cuesta entender esto: si existía un interés tan
temprano del sector empresarial por controlar ese patrimonio, ¿por qué
el proceso se demoró tanto?
–El intento por privatizarlo fue bastante errático. El primer proyecto
que se elaboró con ese objetivo fue presentado a la Asamblea Legislativa
en el 2018 y proponía traspasar las conmemoraciones del 11 de abril y
del 15 de septiembre a Heroes Inc., una corporación estadounidense
constituida en Nashville, Tennessee, en el 2010.
–¿La cuna de William Walker, el filibustero al cual derrotaron los
costarricenses en 1856?
–¡Exactamente! Los impulsores del proyecto se olvidaron de ese pequeño
detalle del pasado costarricense. La propuesta provocó un repudio
popular masivo y tuvo que ser retirada de la Asamblea. La privatización
pareció olvidarse durante algunos años, pero volvió, poco a poco, a ser
defendida por cámaras empresariales y dirigencias políticas, y se abrió
pasó en las campañas electorales del 2038 y el 2042.
–¿En qué difería la propuesta del 2018 de la que finalmente se aprobó en
el 2046?
–El proyecto del 2018 implicaba que Heroes Inc. tendría un control total
y exclusivo sobre la conmemoración del 11 de abril y del 15 de
septiembre y podría explotarlas, comercialmente, sin límite alguno,
durante períodos de diez años, prorrogables por decisión única del
Ministro de Hacienda.
–¿Es decir que si un poeta deseaba publicar un soneto dedicado a Juan
Santamaría primero tenía que cancelarle los derechos correspondientes a
Heroes Inc.?
–En efecto.
–¿Y que obtenía el Estado?
–Cinco por ciento de las utilidades declaradas por la empresa durante
los primeros diez años de operación, proporción que, vencido ese plazo,
ascendería a diez por ciento fijo.
–¿La apertura era más compleja?
–Sin duda. El proyecto presentado en el 2046 suponía crear una
Superintendencia General del Patrimonio Cultural, la cual adjudicaría la
concesión a la empresa que ofreciera mejores condiciones, regularía
estrictamente sus actividades, velaría porque tributara en proporción a
sus ganancias –mínimo 20 y máximo 30 por ciento– y, cada cinco años,
podría convocar a un nuevo concurso.
–¿La propuesta del 2046 era mejor para el país que la del 2018?
–Por supuesto.
–¿Por qué, entonces, usted la atacó tanto?
–Tuve dos razones. La primera es una cuestión de principios. El
patrimonio cultural le pertenece a la sociedad costarricense y, por
tanto, no debería ser vendible ni objeto de comercio.
–Los de la URL dicen que esa es una posición superada.
–Para los de la URL los únicos valores que existen son los financieros.
–¿Y su segunda razón?
–Los diputados de la URL lograron imponer un orden legislativo en el
que, primero se debía votar la apertura, y después las leyes
complementarias para crear la Superintendencia. Lo que iba a pasar era
previsible.
–Esa legislación todavía está en discusión en la Asamblea.
–¡Precisamente! Es allí donde los políticos de la URL y los empresarios
desean que permanezca.
–¿Será aprobada alguna vez?
–Lo dudo. Los diputados de la URL, en el 2046, procuraron atrasar su
votación con miles de mociones y, posteriormente, le introdujeron tantas
modificaciones inconstitucionales que, aunque fuera votada
favorablemente, la Sala Cuarta se vería forzada a anularla.
–¿Cómo valora usted la apertura después de transcurrida casi una década?
–El resultado está a la vista: Zlim Partners es, actualmente, el
propietario exclusivo, por tiempo todavía indefinido, de las principales
conmemoraciones de Costa Rica. La corporación no tributa porque opera
con “pérdidas”, pese a que todos los años el Estado costarricense le
cancela millones de dólares para poder celebrar, en escuelas y colegios,
el 11 de abril, el 25 de julio y el 15 de septiembre.
–De acuerdo con lo que me dice, ¿la apertura no le deparó beneficio
alguno a Costa Rica?
–Le voy a contestar de esta forma: cuando era niña, Juan Santamaría era
el de la estatua que quemó el mesón, y una podía ir a ver al muchacho
–gratis– todo el tiempo. Ahora, el monumento sólo se puede contemplar
durante una semana, en el mes de abril de cada año, porque Zlim cobra
10.000 dólares diarios por exhibirla (parece que el próximo año, con
motivo del bicentenario de la Campaña Nacional, la tarifa será
triplicada). Y Juan es, hoy en día, apenas una figura publicitaria que
promueve el consumo de gaseosas orgánicas, cigarrillos con feromonas,
pizzas para bajar de peso, automóviles solares, laciadores de cabello,
sueños digitales para ser feliz y condones inteligentes con sabor a
kiwi.
© Ivan Molina Jiménez; 2006
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